El Gobierno envió ayer al Congreso el Informe 145 con un detalle inédito sobre el estado de los tres subtramos de la Etapa II del Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado. Allí se informó el avance físico y financiero de cada sector año por año, quiénes son las contratistas, cuánto se les pagó y hasta dio fechas de cuándo podrían estar terminadas las obras, aunque todas llevan asterisco en el informe oficial, lo que indica que son tentativas. Los números muestran una obra que avanza lentamente y sin respuestas sobre el impacto que la parálisis tuvo en la producción agropecuaria de la zona.

El Plan Maestro del Río Salado es uno de los reclamos históricos del campo bonaerense y uno de los proyectos de infraestructura hídrica más importantes del país. El plan apunta a ordenar el escurrimiento del agua en toda la cuenca del Salado, que abarca 17 millones de hectáreas en la región pampeana. Dentro de ese plan hay un tramo puntual de 33,4 kilómetros —entre la ruta 205, en Roque Pérez, y Ernestina, en 25 de Mayo— que es el Tramo IV, Etapa II, el mismo que está dividido en los subtramos A, B y C que el Gobierno detalló. Ese sector es clave, pero quedó a mitad de camino.

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El problema es que, aunque hay partes del río ya ensanchadas antes y después, este tramo intermedio funciona como un tapón. Entonces, cuando llueve fuerte, el agua no corre como debería, se frena y termina desbordando, con campos y caminos rurales anegados en zonas productivas como Roque Pérez, Lobos y 25 de Mayo. Durante las inundaciones registradas en mayo y septiembre de 2025 en esa región, productores ya habían advertido que en ese sector el agua no lograba escurrir con normalidad y que amplias áreas permanecían bajo agua durante semanas.

La obra se había detenido en la práctica en febrero de 2025. El gobierno nacional formalizó la paralización mediante actas administrativas firmadas entre marzo y mayo de ese año: el Subtramo B fue neutralizado el 17 de marzo, y los Subtramos A y C el 18 y 19 de mayo respectivamente. La Secretaría de Obras Públicas justificó la suspensión por el Decreto 70/2023: señaló que “la neutralización de la obra se dio en el marco de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa” y que se dispuso “por circunstancias que afectan la normal ejecución de la obra”.

Recién en octubre de 2025, tras una reunión entre funcionarios nacionales y la Mesa de Enlace, el Gobierno anunció la reactivación y las dragas volvieron al cauce. Pero los números presentados ante el Congreso seis meses después de ese anuncio muestran que el avance sigue siendo incipiente.

El subtramo A es el primero del recorrido. Comienza en la zona donde el río cruza la ruta 205, en Roque Pérez, y corresponde al sector inicial de dragado y ensanche del cauce. De acuerdo con el informe de gestión, “al 9 de abril de 2026 registra un avance físico del 13,88% y un avance financiero del 10,97%”, luego de haber cerrado 2024 con 10,86% y 2025 con 12,05%. En lo que va del año, el avance informado es de 1,83%. En más de un año y medio el subtramo avanzó menos de tres puntos porcentuales.

La obra está a cargo de la UTE integrada por Centro Construcciones SA y Pentamar SA. En materia de pagos, el informe indica que en 2024 y 2025 no se realizaron transferencias a la contratista, mientras que en 2026 “se abonaron $3510 millones hasta marzo”, con una proyección de nuevos desembolsos para el resto del año. La fecha de finalización prevista es el 2 de marzo de 2027, consignada en el informe como tentativa.

En esa zona, además, hay otro punto que los productores marcan como problema: el puente de la ruta 205. Hoy no tiene la amplitud suficiente y funciona como un freno para el paso del agua. Según señalan, ese cruce no forma parte de las obras del Plan Maestro del Salado, sino que depende de las obras viales previstas sobre la ruta 205, que avanzan por separado.

El subtramo B corresponde al sector intermedio del recorrido, donde siguen las tareas de ensanche y adecuación del cauce. Es el tramo donde se concentra el mayor volumen de agua cuando hay lluvias intensas, por lo que su avance es determinante para todo el sistema. Según el informe de gestión, cerró 2024 con un avance físico del 54,67%, pasó a 56,66% en 2025 y “al 9 de abril de 2026 presenta un avance físico del 58,63% y un avance financiero del 48,24%”. En lo que va del año, el avance informado es de 1,97%.

En el mismo documento aparece una diferencia en su estado: en el anexo figura como “neutralizado”, mientras que en otra tabla se lo menciona como “en ejecución”. El informe no explica esa diferencia. El acta de neutralización tiene fecha del 17 de marzo de 2025. La obra está a cargo de la UTE conformada por José J. Chediack S.A.I.C.A. y Ecodyma Empresa Constructora SA. En cuanto a los pagos, el informe señala que en 2024 “se abonaron $1149 millones”, en 2025 no hubo desembolsos y en 2026 “acumula $4110 millones”, con una proyección de nuevos pagos durante el año. La fecha de finalización prevista es el 16 de diciembre de 2026, también indicada como tentativa.

El subtramo C es el último del recorrido. Llega hasta las cercanías de Ernestina, en el partido de 25 de Mayo, y completa el tramo IV.2. Es el cierre del sistema en este sector y el que permite que el agua continúe su recorrido aguas abajo. De acuerdo con el informe de gestión, cerró 2024 con un avance físico del 8,43%, pasó a 22,45% en 2025 y “al 9 de abril de 2026 registra un avance físico del 31,69% y un avance financiero del 22,50%”. En lo que va del año, el avance informado es de 9,24%, el mayor de los tres.

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La obra está a cargo de la UTE integrada por Dragados y Obras Portuarias SA y Sabavisa SA. En materia de pagos, el informe señala que en 2025 “se abonaron $6759 millones”, mientras que en 2026 “lleva ejecutados $7964 millones”, con una proyección de nuevos desembolsos para el resto del año. La fecha de finalización prevista es el 30 de noviembre de 2026, consignada como tentativa.

Los tres subtramos se financian con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Según el informe, al 6 de abril de 2026 tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP. En el Congreso, los legisladores preguntaron por qué durante 2025 las obras estuvieron frenadas si el financiamiento venía de ese fideicomiso. El Gobierno no respondió ese punto y explicó que se trata de un fondo extrapresupuestario. En ese sentido, indicó que “por tal motivo no registra subejecuciones presupuestarias” y que “el monto abonado es en función de la certificación.”

Los diputados también preguntaron si el Gobierno evaluó qué impacto tuvo la paralización de la obra en la producción agropecuaria, el empleo rural y las exportaciones y si analizó los riesgos ante escenarios de más lluvias. El Gobierno señaló que “las modelaciones hidrológicas se encuentran contempladas dentro del Plan Maestro del río Salado”, pero no detalló resultados ni medidas previstas mientras las obras sigan sin terminar.

La preocupación del sector no es solo por esta obra en sí: su parálisis limita el funcionamiento de todo el esquema hidráulico de la cuenca. El gobierno nacional, en este marco, informó los números, pero no respondió la pregunta de fondo que más inquieta al campo: qué pasa si vuelve a llover con fuerza antes de que los tres subtramos estén terminados.