En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1° de marzo pasado el presidente Javier Milei, con entusiasmo, dijo que la Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble de los volúmenes actuales. Desde ya que la frase interpeló a muchos actores de la actividad ¿Es posible lograrlo?

La respuesta no es simple, pero lo que es seguro es que se puede apuntar a una mayor producción. La meta podría ser alcanzable, pero exige mucho más que las condiciones básicas de eliminación los Derechos de Exportación (DEX). Se necesita una nueva visión que va más allá de la política fiscal.

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La tarea sería buscar modificar la aptitud productiva de millones de hectáreas hoy limitadas por restricciones corregibles del suelo. Y esa corrección, en su dimensión más estructural, no puede quedar librada exclusivamente al mercado ni al productor individual: requiere también del Estado.

La capacidad de uso de los suelos es un diagnóstico, no un veredicto o una condena. Desde el inicio de la agricultura, el hombre ha intentado y ha logrado corregir limitaciones en los suelos. Los ingenieros agrónomos trabajamos con el sistema de clasificación de Klingebiel y Montgomery (USDA, 1961) que organiza los suelos en ocho clases de uso, del I al VIII, según sus limitaciones permanentes o riesgos. Esta clasificación es una herramienta de diagnóstico. Describe lo que el suelo es en condiciones naturales. No necesariamente lo que puede llegar a ser con intervención técnica adecuada.

Millones de hectáreas en Pampa húmeda o Chaco tienen la radiación solar adecuada, el período libre de heladas adecuados, y la ´pluviometría adecuada para ser excelentes suelos agrícolas. Pero pueden tener limitantes del anegamiento, salinidad o alcalinidad. Las cuales son restricciones inherentes al proceso de formación de esos suelos.

Esos impedimentos no son inmodificables. Pero sin dudas requieren inversión y planificación. Un ejemplo que frustra son las décadas y décadas en las cuales no se puedo avanzar en el saneamiento del río Salado como para poder luego realizar las obras secundarias que garanticen el drenaje de millones de valiosísimas hectáreas.

Existen varias soluciones técnicas de apoyo como el drenaje subsuperficial. La instalación de drenes enterrados a 0,8 y 1,5 metros de profundidad reduce el nivel freático, airea el perfil, extiende la ventana de siembra y habilita el tráfico de maquinaria en condiciones antes impracticables. Un suelo IIIw o VI w correctamente drenado puede comportarse productivamente como un suelo de Clase II, con respuesta superior a la fertilización, mayor actividad microbiana y rindes sostenidamente más altos.Pero aquí es donde la ecuación cambia de escala: el drenaje agrícola eficaz no es solo una obra parcelaria. Requiere colectores, canales principales, obras de regulación y descarga que atraviesan propiedades, cruzan caminos y desembocan en cuencas compartidas. Ningún productor, por más capitalizado que esté, puede resolver por sí solo una red de drenaje que involucra cientos de miles de hectáreas y cuestiones legales y de cuenca que trascienden las propiedades. Por definición, son obras de infraestructura pública.

El Estado provincial y el nacional tienen aquí un rol indelegable: planificar las cuencas hídricas, financiar los colectores troncales, establecer los marcos regulatorios para la evacuación de excedentes y coordinar a los actores privados que realizarán las obras parcelarias. El modelo no es estatismo sino articulación: el Estado diseña y sostiene la infraestructura de base; el productor y el sector privado completan la red a escala predial. Sin esa ingeniería institucional, el drenaje quedará fragmentado, ineficiente y, en muchos casos, inviable.

Otro caso paradigmático de limitación corregible es el de los suelos alcalinos o sódicos, frecuentes en la depresión del Salado, en Santiago del Estero, en zonas del noroeste pampeano y en varios valles irrigados del oeste argentino.

La corrección es técnicamente viable y agronómicamente consolidada. La aplicación de yeso agrícola (sulfato de calcio) se utiliza en escala en Brasil.

Regiones como el norte de México o el Valle del Ebro en España han recuperado suelos sódicos a través de programas sistemáticos de enmienda, transformando tierras marginales en campos aptos para horticultura, cultivos forrajeros y producción extensiva. El proceso demanda tiempo, inversión y monitoreo continuado. Pero la transformación de la aptitud es real, sostenida, y en muchos casos irreversible en sentido positivo.

Brasil, que nos interpela día a día con sus producciones, si se hubiese quedado enfrascado en las limitantes de sus suelos, jamás hubiese logrado lo que hoy tiene y continúa desarrollando. La meta de 300 millones de toneladas enunciada por el Presidente no es un delirio técnico. Es un horizonte que la edafología, la ingeniería y la agronomía avalan como alcanzable, aunque con plazos que se miden en décadas, no en campañas. La capacidad de uso del suelo marca los límites actuales. La aptitud productiva define lo que podemos construir sobre ellos. Y la decisión de modificar esos límites, cuando la ciencia indica que es posible y el país lo necesita, es una decisión política tanto como técnica. La Argentina tiene el suelo. Tiene la tecnología. Lo que necesita es la voluntad de invertir en la infraestructura que los conecte.

Los autores son productores agropecuarios