Los migrantes naturalizados y grupos defensores del derecho al voto de Estados Unidos sufrieron un duro revés en tribunales. Un juez federal rechazó bloquear de manera preliminar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para endurecer los controles de ciudadanía y las normas del voto por correo.

Juez permite avanzar por ahora con la orden de Trump sobre ciudadanía y voto por correo

El jueves 28 de mayo, el juez federal de distrito Carl Nichols rechazó bloquear de manera preliminar la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo. La medida instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a crear listas de ciudadanos estadounidenses adultos y ordena al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) elaborar listas de votantes elegibles para recibir boletas por correo.

En primera instancia, la determinación del juez representa un triunfo parcial para el gobierno, aunque no significa que Trump haya logrado imponer su voluntad.

El magistrado dictaminó que los demandantes no demostraron tener “legitimación activa” en este momento, ni haber sufrido un daño real que justifique una medida cautelar.

“Dado que la Orden Ejecutiva no obliga a los demandantes a hacer nada, y que ninguna agencia ha actuado aún en virtud de la Orden de una manera que pudiera perjudicar a los demandantes, estos no han sufrido ningún daño hasta el momento”, escribió en el fallo.

En ese sentido, argumentó que es “demasiado pronto” para intervenir, debido a que el Servicio Postal aún no ha establecido las reglas específicas para implementar la orden, informó The Washington Post.

Las demandas habían sido presentadas por el Comité Nacional Demócrata y grupos defensores del derecho al voto, que podrían continuar la pelea judicial si la medida avanza y produce efectos concretos.

En qué consiste la orden firmada por Trump para la verificación de ciudadanía para votar y la restricción del voto por correo

Desde su derrota en 2020 frente al expresidente Joe Biden, Trump se pronunció en contra del sufragio por correo en reiteradas ocasiones y alegó que esta modalidad es vulnerable al fraude.

En este escenario, la orden firmada por Trump en marzo actúa de la siguiente manera:

Instruye al USPS a elaborar listas de votantes que pueden recibir boletas por correo y a abstenerse de enviarlas a personas cuyo nombre no figure allí.Ordena al DHS que elabore listas de personas mayores de 18 años cuya ciudadanía estadounidense esté confirmada.

Al momento de la publicación de la orden, los demócratas la calificaron como “ilegal”. Según sus declaraciones, la Constitución otorga a los estados y al Congreso la autoridad para supervisar el proceso electoral, por lo que el mandatario no puede intervenir.

No obstante, el juez sostuvo que esta medida no regula directamente el registro de votantes, sino que insta a las agencias a que establezcan nuevos procedimientos con base en las leyes federales.

Qué podría pasar con la verificación de ciudadanía para votar y la restricción del voto por correo

La determinación de Nichols permite al gobierno avanzar por ahora con la implementación de la orden ejecutiva, aunque es probable que enfrente nuevas batallas judiciales si las agencias aplican la medida y se alegan daños concretos.

Por su parte, los demócratas prometieron que no cesarán en su lucha contra la medida. A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), sostuvo que Trump “está haciendo todo lo posible para manipular las elecciones de noviembre a su favor”, y adelantó que presentarán nuevas demandas.

“Esto no es el final. Los demócratas continuaremos la lucha y haremos todo lo que esté en nuestro poder para garantizar que cada estadounidense pueda ejercer su derecho al voto”, concluyó.